Muchas empresas no terminan de cumplir los requerimientos obligatorios en materia de protección de datos a la hora de gestionar la información con datos personales por un problema básico de desinformación, falta de profesionales avalados e incluso por una concepción equivocada de la normativa como una herramienta coercitiva y recaudatoria.

 

Desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica de protección de Datos (LOPD), ha tenido un calado muy lento en el tejido empresarial, que ha desatendido las exigencias dispuestas por la LOPD priorizando otras necesidades, en muchas ocasiones de supervivencia con la irrupción de la crisis y postergándose con ello la implantación de una manera indefinida y exponiéndose con ello a innumerables riesgos.

En breve la situación se complicará con el nuevo reglamento europeo que entrará en vigor inminentemente y que implicará un cambio sustancial que afectará a la forma no ya de cumplir sino de gestionar el cumplimiento de la normativa de protección de datos.

Dicha reforma ha sido necesaria ante la evidencia de la obsolescencia de la directiva actual, dada la necesidad de reforzar la protección del ciudadano frente al desarrollo tecnológico, el aumento de la recogida y tratamiento de datos de carácter personal, y la fragmentación de la normativa existente en Europa además de los desafíos con la globalización.

Entre los cambios citados en el nuevo marco regulatorio, con la integración de la normativa europea se suavizarán considerablemente las cargas administrativas que en la actualidad soportan las empresas multinacionales por la transferencia internacional de datos.

Así mismo se pretende garantizar que todos los datos recopilados en Internet estén a salvo y que las empresas que procesan estos datos dispongan de un marco legal único y claro en toda la UE.

Además, Bruselas quiere que se reconozca a nivel europeo el derecho a "ser olvidado" en Internet, de forma que sea posible borrar los archivos que previamente se hayan publicado en la Red.

El texto también plantea el consentimiento explícito para que las compañías puedan procesar la información personal y multas por infringir las normas que se elevan hasta un máximo de un millón de euros o el dos por ciento de la facturación anual global de la empresa infractora.

Los derechos de los ciudadanos se verán reforzados con la incorporación de estos nuevos nuevos principios como el de transparecia, 'privacy by design', derecho al olvido o "portabilidad" Principios muy ligados a contrarrestar el poder de la tecnología y negocios relacionados con Internet: buscadores, redes sociales, redes de publicidad, etc... cuyo modelo de negocio está basado en la explotación de información personal.

Una muestra de esta preocupación ya se vio plasmada en la reforma de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico (LSSI), por el Real Decreto-ley 13/2012, de 30 de marzo, por el que se transponen la Directiva 2009/136/CE, también llamada "Directiva de las cookies que entro en vigor el pasado 1 de abril de 2012, que obliga a obtener el consentimiento previo del usuario antes de introducir cookies en su equipo y por la cual ya ha habido el primer procedimiento sancionador en España por instalar " cookies" sin permiso del usuario.

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